Villa Constitución 16/05/2026

Proyecto de repudio a la Ley Nacional de Fraude en Pensiones por Invalidez

La concejal Evelyn Casa impulsó una declaración para rechazar la iniciativa del Ejecutivo Nacional, por considerarla una medida de ajuste fiscal que estigmatiza a las personas con discapacidad.

El bloque de Unión por la Patria presentó en el Concejo Municipal un proyecto de declaración para expresar su firme repudio al proyecto de ley nacional denominado “Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez”, enviado al Congreso por el presidente Javier Milei. La iniciativa legislativa local sostiene que la propuesta nacional no busca transparencia administrativa, sino legitimar un recorte sobre la población más vulnerable bajo una sospecha generalizada. El texto destaca que esta reforma pretende desarticular leyes fundamentales, como la 24.901 y la reciente 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que establecen la protección integral y el principio de progresividad en materia de seguridad social.
“La idea es posicionarnos contra ese proyecto de ley que nos parece sumamente regresivo”, manifestó Evelyn Casa. La concejal explicó que la propuesta del Gobierno Nacional implica volver a paradigmas superados, abandonando el enfoque social de la discapacidad para retornar a una mirada asistencialista y medicalizante. La edil remarcó que hoy predomina el concepto de entender la discapacidad como una cuestión social que requiere de apoyos integrales, más allá de la prestación de salud específica.
El proyecto de declaración detalla datos críticos sobre la situación actual del sector. Entre ellos, menciona que entre 2024 y 2025 se dieron de baja de manera automática más de 110 mil pensiones no contributivas. Además, el documento señala que, a abril de 2026, el Gobierno Nacional solo ejecutó un 6% del presupuesto destinado a la atención médica de los beneficiarios. Respecto a los ingresos, el haber de la pensión se ubica en 266 mil pesos, sumado a un bono de 70 mil pesos que permanece congelado desde diciembre de 2023, lo que profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los adjudicatarios.
Un punto de especial preocupación para la legisladora es la incompatibilidad que el proyecto nacional establece entre las pensiones y el empleo registrado. Según el articulado del repudio, esta medida penaliza la autonomía personal y desincentiva la inserción laboral de las personas con discapacidad, debilitando derechos consolidados que permitían la convivencia entre la prestación y el trabajo formal. Asimismo, se advierte sobre la desregulación de los valores prestacionales y la eliminación del Arancel Único Nacional, lo que afectaría la equidad en el acceso a tratamientos en todo el territorio.
La concejal también hizo hincapié en que el Estado ya cuenta con herramientas de auditoría suficientes para detectar irregularidades sin necesidad de restringir derechos. En ese sentido, recordó que auditorías sobre la Agencia Nacional de Discapacidad revelaron sobreprecios en la compra de fármacos durante el último bienio, involucrando a funcionarios políticos y no a los beneficiarios del sistema. “Queremos posicionarnos en contra de esa idea que se quiere instaurar y a la cual se quiere volver”, insistió Casa.